Editorial Febrero de 2017

No alcanzamos aquí a dar respuesta cabal a esos interrogantes. Pero después de analizar la reglamentación peruana, la primera aprobada en la región, es claro que los más interesados en garantizar "seguridad jurídica" a sus inversiones en territorios protegidos por convenciones internacionales, es el conglomerado empresarial transnacional y los socios criollos que agencian su mismo portafolio.  Por este conjunto de motivos, el nombre de los autores y el origen de recursos empleados para su formulación es la más de las veces una incognita, y por ello mismo solo se convoca a los voceros de los pueblos étnicos a revisar una versión ya elaborada, lo cual es de por sí un mal comienzo. 

Más allá de estos asuntos de forma, la Relatora de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, advirtió al gobierno de Honduras que éste también es un asunto de fondo que no puede pasar por alto derechos y estándares internacionales. El Papa Francisco se colocó también en la misma tesitura, en oportuno saludo a líderes indígenas asistentes al Consejo de Desarrollo Agrícola de la FAO: el consentimiento es necesario antes de iniciar proyectos de gran calado e impactos en territorios de pueblos étnicos de todo el mundo. 

El boletin No. 21 entrega los materiales escritos y audiovisuales para seguir un debate de enorme actualidad porque para los pueblos indígenas estos son los tiempos del consentimiento. !!! Gracias por tejer la Red de Observadores de la Consulta Previa en América Latina.!!!  

Editorial Mayo/2015

No empezó bien el año 2016. El asesinato de Berta Cáceres, la carismática indígena hondureña que lideró la lucha del pueblo lenca contra la construcción de la represa Agua Zarca, el macroproyecto hidraúlico que auspiciaban la empresa china Sinohydro Corporation, la nacional DESA y el Banco Mundial, más las muertes de de Alexander Oime y Marisela Tombé (Colombia) y Nelson García (Honduras) entre otras, ratifican a difícil situación de los defensores y defensoras del territorio y los bienes naturales en todo el continente. El editorial que pensábamos dedicar al análisis de los procesos de consulta previa en la región, simplemente naufragó ante esas lacerantes noticias.

Por la gravedad de denuncias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó en octubre del 2015 y abril de 2016 varias audiencias para escuchar los testimonios de hombres y mujeres en riesgo por oponerse al modelo extractivista, con el propósito de proferir medidas cautelares y estructurar los casos que ameritarían trasladarse a la Corte Interamericana. Ante la continuidad de ese patrón intimidatorio dominante, bien vale la pena preguntarse porqué las alertas nacionales e internacionales no logran detener la decisión perversa de "matar para silenciar y después despojar".

Ese patrón tiene alcance mundial. Según la ONG Global Witness, entre 2002 y 2014 fueron asesinadas por cuestiones agrarias y ambientales 1.024 personas, muchas de ellas pertenecientes a comunidades étnicas. El 40% eran latinoamericanos, 111 nacidos en Honduras, después de Brasil el segundo país de mayor riesgo para defensore@s de los bienes comunes naturales.

Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se distinguió por su discurso étnico, ambientalista, antiracista y feminista. Esa diversidad de tonalidades conjugadas en la voz de una mujer nacida en las entrañas de la ruralidad hondureña, la configuraron como un ser de proyección global alternativa. Por esta razón ganó el Premio Godman en 2015 y visitó muchos países explicando las múltiples motivaciones de su lucha.

En una reciente entrevista, Berta, la mujer del copal y la candela, pronunció la siguiente frase premonitoria: " La mía es una larga historia de mujeres de batalla que nos ha llevad a enfrentar también la represión patriarcal y la violencia.....Nuestra vida pende de un hilo". Ella sabía que ese hilo tejería fuertes lazos de la resistencia latinoamericana. Sus palabras serán siempre recordadas.

Editorial diciembre2015

Evo Morales exhortó a escuchar a los pueblos del mundo y a los movimientos sociales que desde hace década alertan por el “crepúsculo del sistema vital planetario” originado por el ansia de las ganancias sin fin. En consonancia con el presidente de Ecuador, Morales planteó la adopción de una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, la real implementación del principio de justicia climática por parte del Fondo Verde por el Clima y compromisos ciertos de reducción de emisiones por los países industrializados.

Si bien en la COP21 se avanzó en la definición de algunas metas susceptibles de medición, la resolución final es retórica, tibia y transaccional. Retórica en su parte declarativa, tibia por las medidas no vinculantes que propuso y transaccional por los vetos estatales que aceptó, los intereses de mercado que protegió y los derechos humanos que excluyó. En el convencional lenguaje de los acuerdos internacionales, llenos de exhortaciones y reconocimientos mutuos, el documento de París acordó polémicas metas nacionales voluntarias de reducción de emisiones, la conformación de una bolsa de cien mil millones de dólares para mitigación y adaptación, y una primera revisión de avance en los compromisos en para el 2023.

La ostensible omisión de cualquier referencia a los derechos humanos en la parte resolutiva generó protestas de los líderes indígenas presentes en los eventos paralelos, quienes volvieron a percibir que en este tipo de eventos su importancia no es proporcional a la función protectora de los ecosistemas boscosos donde viven y que en cálculos conservadores absorben el 20% de las emisiones mundiales.

Desató también la enérgica reacción de la Relatora de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Sra. Victoria Tauli-Corpuz. En declaración pública, la Relatora lamentó que los derechos humanos de pueblos indígenas se excluyeran de las partes declarativas y resolutivas, porque con ello “los negociadores habrán destruido cualquier pretensión de que intentan mitigar el cambio climático…. El conflicto social que estallará en los bosques, si nuestros pueblos no tienen derechos para defenderse, cobrará un tremendo daño económico, ya que nuestros bosques son nuestros hogares, nuestras vidas, nuestra cultura y el corazón de nuestra espiritualidad. No nos iremos tranquilamente, y ustedes tampoco” concluyó con contundencia Tauli-Corpuz.

En el mes de octubre, al otro lado del Atlántico, se desarrolló el 156 periodo de Audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los casos que se presentaron sobre la palma aceitera en Guatemala y de los proyectos extractivos e hidroeléctricos en Nicaragua, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador , Bolivia, Paraguay y Perú mostraron una preocupante radiografía del riesgo que corren defensores y defensoras del territorio y el medio ambiente en todo el continente. Sin excepción, en todas las audiencias, miembros de comunidades étnicas, indígenas y afrodescendientes, relataron las duras experiencias de la defensa de sus derechos y sus territorios. Esperemos que en 2016, la sensatez ambiental y el respeto por los derechos humanos tengan un mejor balance.

Editorial Septiembre2015

Evo Morales exhortó a escuchar a los pueblos del mundo y a los movimientos sociales que desde hace década alertan por el “crepúsculo del sistema vital planetario” originado por el ansia de las ganancias sin fin. En consonancia con el presidente de Ecuador, Morales planteó la adopción de una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, la real implementación del principio de justicia climática por parte del Fondo Verde por el Clima y compromisos ciertos de reducción de emisiones por los países industrializados.

Si bien en la COP21 se avanzó en la definición de algunas metas susceptibles de medición, la resolución final es retórica, tibia y transaccional. Retórica en su parte declarativa, tibia por las medidas no vinculantes que propuso y transaccional por los vetos estatales que aceptó, los intereses de mercado que protegió y los derechos humanos que excluyó. En el convencional lenguaje de los acuerdos internacionales, llenos de exhortaciones y reconocimientos mutuos, el documento de París acordó polémicas metas nacionales voluntarias de reducción de emisiones, la conformación de una bolsa de cien mil millones de dólares para mitigación y adaptación, y una primera revisión de avance en los compromisos en para el 2023.

La ostensible omisión de cualquier referencia a los derechos humanos en la parte resolutiva generó protestas de los líderes indígenas presentes en los eventos paralelos, quienes volvieron a percibir que en este tipo de eventos su importancia no es proporcional a la función protectora de los ecosistemas boscosos donde viven y que en cálculos conservadores absorben el 20% de las emisiones mundiales.

Desató también la enérgica reacción de la Relatora de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Sra. Victoria Tauli-Corpuz. En declaración pública, la Relatora lamentó que los derechos humanos de pueblos indígenas se excluyeran de las partes declarativas y resolutivas, porque con ello “los negociadores habrán destruido cualquier pretensión de que intentan mitigar el cambio climático…. El conflicto social que estallará en los bosques, si nuestros pueblos no tienen derechos para defenderse, cobrará un tremendo daño económico, ya que nuestros bosques son nuestros hogares, nuestras vidas, nuestra cultura y el corazón de nuestra espiritualidad. No nos iremos tranquilamente, y ustedes tampoco” concluyó con contundencia Tauli-Corpuz.

En el mes de octubre, al otro lado del Atlántico, se desarrolló el 156 periodo de Audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los casos que se presentaron sobre la palma aceitera en Guatemala y de los proyectos extractivos e hidroeléctricos en Nicaragua, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador , Bolivia, Paraguay y Perú mostraron una preocupante radiografía del riesgo que corren defensores y defensoras del territorio y el medio ambiente en todo el continente. Sin excepción, en todas las audiencias, miembros de comunidades étnicas, indígenas y afrodescendientes, relataron las duras experiencias de la defensa de sus derechos y sus territorios. Esperemos que en 2016, la sensatez ambiental y el respeto por los derechos humanos tengan un mejor balance.

Editorial Junio2015

Una alusión a la revolucionaria encíclica papal "Laudato si” es aquí obligatoria. Sobre el cuidado de la casa común, el Papa Francisco I señala respecto de los pueblos indígenas: “Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura”. Sin duda un llamado de atención para que los magnates del mercado global moderen su codicia y asuman una cultura respetuosa con los territorios y las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales que los habitan.

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